Newsletter Agosto 2020 (2)



Nuevos cursos gratuitos para ventas a Gobierno

y 8 consultas sobre Contratación Administrativa




Hemos abierto nuestros Cursos de Capacitación en ventas a gobierno de

Setiembre y Octubre, para que tanto suscriptores de Connexis como otros

interesados puedan aprovecharlos de forma gratuita.


Tendremos 2 niveles de acuerdo al perfil de los participantes para así obtener

mayor beneficio: proveedores principiantes (nivel básico) y proveedores con

experiencia en ventas a gobierno (nivel intermedio).




Te invitamos a revisar el detalle de cada Charla e inscribirte ya:























Vídeos de las Charlas de Contratación Administrativa


Te concedemos acceso gratuito por 5 días a los vídeos de las Charlas de Contratación Administrativa que ofrecimos en Julio y Agosto, a cargo de nuestra experta, Licda. Ana Marcela Palma, para tu revisión.



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8 respuestas a consultas recibidas en

nuestros cursos de Contratación Administrativa:



Les compartimos las respuestas a ocho preguntas relevantes de las recibidas

durante las charlas de Contratación Administrativa brindadas por Connexis

durante julio y agosto.



Nuestra experta, Licda. Ana Marcela Palma, te responde en breve:



1. ¿Cuáles son las diferencias entre licitación pública, abreviada, escasa cuantía?


En el régimen de contratación administrativa basado en la Ley de Contratación Administrativa se distinguen los procedimientos ordinarios de los procedimientos de

excepción para aquellas materias excluidas o para el caso de objetos de naturaleza o

circunstancia incompatibles con los procedimientos ordinarios. A estos últimos, comúnmente se les denomina procedimientos de contratación directa.


Los procedimientos de licitación pública y abreviada son los procedimientos ordinarios

que contempla la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento para la adquisición de bienes, servicios y obras según el monto estimado de la contratación.


La licitación pública está regulada en los artículos 41 a 43 de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 91 a 96 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa. Procede cuando así lo determine la tabla de límites económicos de la

contratación administrativa para el estrato específico en el que se encuentra la institución que promueve el concurso, según la estimación del objeto de la contratación. Es el procedimiento en el cual se supone que se da la mayor garantía en cuanto a la libre concurrencia y la igualdad de trato. La participación es totalmente abierta y el plazo mínimo que debe fijarse para la recepción de ofertas es de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. Tradicionalmente la invitación se hacía mediante publicación en el diario oficial La Gaceta, hoy día debe hacerse a través del SICOP. Admite la presentación de recurso de objeción al cartel ante la Contraloría General de la República.

La licitación abreviada está regulada en los artículos 44 a 46 de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 97 a 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Procede cuando así lo determine la tabla de límites económicos de la contratación administrativa para el estrato específico en el que se encuentra la institución que promueve el concurso, según la estimación del objeto de la contratación.


En este caso, para la validez del procedimiento se debe invitar al menos a 5 proveedores del bien o servicio, inscritos en el Registro de Proveedores del l SICOP (o en los registros de proveedores en aquellos casos de instituciones que aún no contratan dentro del Sistema). El plazo para recibir ofertas, en este caso no puede ser menor a 5 días hábiles ni mayor a 20 días hábiles, aunque se podría prorrogar por 10 días hábiles adicionales por acto razonado. Admite la presentación de recurso de objeción ante la propia Administración que promueve el concurso. La contratación directa de escasa cuantía está regulada como una excepción a los procedimientos ordinarios, según lo que señala el artículo 2 inciso h) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 144 de su Reglamento. Su característica principal, se refiere a que, pese a ser una materia exceptuada en la cual no aplican las licitaciones, sí hay un concurso al menos pequeño, porque existe la obligación de invitar al menos a tres potenciales oferentes. Procede cuando así lo determine la tabla de límites económicos de la contratación administrativa para el estrato específico en el que se encuentra la institución que promueve el concurso, según la estimación del objeto de la contratación. La entidad de dar, como mínimo, un plazo de 1 día y un máximo de 5 días hábiles para la presentación de las cotizaciones y en casos acreditados como urgentes se pueden solicitar las cotizaciones con, al menos, 4 horas de anticipación a su recepción. La adjudicación debe dictarse en un plazo máximo de 10 días hábiles, prorrogable por un plazo igual en casos debidamente justificados. Aunque solo se deben invitar a tres potenciales oferentes, se deben estudiar todas las ofertas recibidas. Formalmente no se reconoce recurso de objeción al cartel en este procedimiento. Sí se reconoce recurso de revocatoria contra el acto final, salvo en el caso en el que el procedimiento hubiese sido declarado urgente.



2. ¿En una Licitación abreviada cual es el plazo para la adjudicación?


El artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos aclara, para

el caso específico de la licitación abreviada, que el acto de adjudicación debe dictarse

dentro del plazo establecido en el cartel, que en ningún caso puede ser superior

al doble del fijado para recibir ofertas. Es decir que está ligado al plazo que se dio

para presentar ofertas.


La misma regla aplica para la licitación pública, como lo señala el artículo 95 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, caso en el cual formalmente sí se

acepta que se pueda prorrogar el plazo para adjudicar por un tanto igual al indicado en

el cartel, para lo cual se requiere resolución motivada. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado el acto de adjudicación, los oferentes tienen derecho a dejar sin efecto su propuesta y a que se les devuelva la garantía de participación, sin que les resulte aplicable sanción alguna.


En caso de anulación o revocación del acto de adjudicación, la readjudicación o

declaratoria de infructuoso o de desierto del concurso debe dictarse dentro del plazo de

un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la respectiva

resolución.



3. ¿Se puede participar en una licitación si no se cumple con algún

requisito del cartel?


La presentación de la oferta, materialmente se puede hacer, pero si se sabe de

antemano que hay un requisito de admisibilidad sustantivo con el que no se cumple,

debe tenerse presente que la oferta, en principio, será descalificada por ese

incumplimiento.


Cuando se identifica un requisito de admisibilidad y no se gestiona la modificación del

cartel a través de un recurso de objeción o una solicitud de aclaración, en el que se

demuestre que no existe suficiente fundamento técnico o jurídico para dicho requisito,

necesariamente todos los participantes deben cumplir con esa condición para poder

obtener la consideración de oferta elegible y pasar a la fase de evaluación o calificación

de las ofertas.



4. ¿Se debe o no estar inscritos al SICOP para poder participar en una oferta de

servicios?


El uso de medios electrónicos para tramitar procedimientos de contratación administrativa es obligatorio para toda la actividad de contratación regulada tanto en la Ley de Contratación Administrativa como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial.


Si la contratación de servicios técnicos o profesionales es materia de contratación

administrativa, el procedimiento de contratación respectivo debe hacerse a través del SICOP por regla general (artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa y artículo 148 de su Reglamento), esto como cualquier otro tipo de contrato administrativo. No hay una excepción por el tipo de contrato.


Por lo tanto, para participar en el procedimiento de contratación de servicios profesionales o técnicos, si el trámite se hace en SICOP, necesariamente para presentar oferta, hay que inscribirse como proveedor en dicho Sistema.


En la práctica, las instituciones que están fuera del SICOP, tramitan los procedimientos ya

sea en documentación física o en sus propias plataformas, pero esto obedece a una condición irregular que es ajena a lo que indica la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Solo en esos casos, no sería necesario inscribirse en el SICOP, pero podría

requerirse la inscripción en los registros específicos de proveedores de esas instituciones, sean electrónicos o físicos.



5. ¿Cuándo se usa el oferente único?


La contratación con un oferente único está contemplada como una excepción al uso de los procedimientos ordinarios de contratación, en el artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso a) de su Reglamento.


Esta última norma, es la que describe las condiciones de hecho que se deben dar para que válidamente aplique la contratación directa por oferente único. La norma señala:

“Los bienes o servicios en los que se acredite que solamente una persona o empresa

está en condiciones de suministrar o brindar, sin que existan en el mercado alternativas

que puedan considerarse idóneas para satisfacer la necesidad institucional. La procedencia de este supuesto ha de determinarse con apego a parámetros objetivos en

relación con la necesidad, acreditando que la opción propuesta es la única apropiada y

no sólo la más conveniente.


Dentro de esta excepción se encuentra la compra de artículos exclusivos, entendidos

como aquellos que en razón de una patente de invención sólo son producidos por

determinada empresa, siempre que no existan en el mercado artículos similares

sucedáneos. Comprende también la compra de repuestos genuinos, producidos por la

propia fábrica de los equipos principales y respecto de los que exista en el país sólo un

distribuidor autorizado. Si hubiesen varios distribuidores de partes o repuestos el

concurso se hará entre ellos.


En los casos de contrataciones sujetas a prórrogas, de previo a convenir una de ellas, la

Administración se encuentra obligada a estudiar el mercado para determinar si han

surgido nuevas opciones idóneas, en cuyo caso han de adoptarse las medidas oportunas

tendientes a iniciar el procedimiento concursal que corresponda. Si en aplicación de esta causal, se incorporan partes o piezas a equipos propietarios que, a su vez conlleven su actualización, la Administración deberá justificar que técnica y económicamente esa alternativa es una opción más apropiada que sustituir el equipo, mediante la licitación que corresponda.”



6. ¿De cuánto tiempo dispone la CGR para responder el recurso de objeción al

cartel?


De acuerdo con el artículo 83 de la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría

General de la República debe resolver el recurso de objeción dentro de los 10 días

hábiles siguientes a su presentación. Lo mismo señala el artículo 180 del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa.



7. ¿Qué pasa con los plazos para objetar y aclarar, una vez que haya

prórrogas al plazo para la apertura del cartel, los plazos para objetar

también se benefician de esta ampliación?


Efectivamente cuando el plazo para la recepción de ofertas es prorrogado, el plazo

para objetar se obtiene sumando el plazo inicial más el plazo de la prórroga. Esto se divide entre 3, en el régimen de la Ley de Contratación Administrativa, o entre 4 para el régimen basado en la Ley Nº 8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.


Esta regla está contemplada en el artículo 179 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 149 del Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.



8. ¿Cuáles son los artículos que determinan la no participación de oferentes

en contrataciones cerradas?


La limitación a la participación debe estar justificada en cada caso concreto a partir

del tipo de procedimiento que se lleva a cabo y del fundamento jurídico que se invoca para ese procedimiento en particular. Por lo tanto, es una revisión casuística. Los artículos que la justifican tendrían que ser alguno de los supuestos referidos a materias excluidas de los procedimientos de contratación administrativa o a objetos de naturaleza o circunstancia incompatibles con el concurso, previstos en la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento o alguna norma de un régimen especial de contratación administrativa.



Artículo adicional cortesía de Connexis:


Montos y vigencia de las garantías de

participación y de cumplimiento


Licda. Ana Marcela Palma S.




Tal y como señala el artículo 33 de la Ley de Contratación Administrativa, la

garantía de participación puede ser exigida por la Administración que promueve

el concurso, para respaldar la seriedad de la oferta. Actualmente, esta garantía

es facultativa, lo que significa que solo es obligatoria si así lo estableció, en el

cartel, la institución contratante. Su monto debe fijarse entre el uno (1%) por

cierto y el cinco por ciento (5%) del monto de la oferta y la vigencia debería estar

definida en el mismo cartel junto al monto.


Por su parte, la garantía de cumplimiento es una forma de respaldo económico

para la Administración en caso de que el Contratista incumpla su contrato

durante la ejecución. Se debe exigir por un monto a decidir por la Administración

que va entre un cinco por ciento (5%) y un diez por ciento (10%) del monto de la

contratación, a partir de la valoración del riesgo y del impacto de un eventual

fallo del Contratista. Está regulada en el artículo 34 de Ley de Contratación

Administrativa y en los numerales 40 y 41 de su Reglamento. A diferencia de la

garantía de participación, la garantía de cumplimiento sí es obligatoria -más allá

de lo que indique el cartel- en los procedimientos de licitación abreviada y

licitación pública; en los restantes procedimientos es facultativa.



Ahora bien, en algunos procedimientos el cartel puede llegar a ser omiso en el

monto de estas garantías, en su vigencia o en ambos conceptos.


En ese tipo de casos, el vacío se resuelve aplicando directamente lo que nos dice

el propio Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.


Por ejemplo, si el cartel exige una garantía de participación, pero no indica el

monto, el artículo 37 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

señala que debe entenderse que esta garantía es por el uno por ciento (1%).


En el caso de la garantía de cumplimiento, la duda la resuelve el artículo 40 del

mismo Reglamento, que señala que en caso de omisión cartelaria sobre el monto,

se debe entender que la garantía exigible es de un 5% sobre el respectivo monto

adjudicado.


Con respecto a la vigencia, si el cartel no es preciso en señalar el periodo por el

cual hay que mantener vigente estas garantías, el Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa lo resuelve en su numeral 43, que dispone:


“Vigencia de las garantías. La Administración, establecerá en el

cartel la vigencia mínima de la garantía de participación y la de

cumplimiento. En caso de omisión, regirán las siguientes reglas:


a) La garantía de participación hasta por un mes adicional a la

fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación.


b) La garantía de cumplimiento hasta por dos meses adicionales a

la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual.”


De manera que ante las omisiones cartelarias la fuente de consulta serán tanto la

Ley de Contratación Administrativa como su Reglamento.




*Puede consultar las normas citadas y criterios sobre el tema en los módulos de

BIBLIOTECA y TESAURO de CONNLEXIS. Si tiene dudas o comentarios, puede

enviarnos un correo electrónico a la dirección: connlexis@connexisleads.com.

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