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El Certificado de Proponente,

¿es indispensable su presentación en un acto público?



Dra. Kathia Lee Duque (*).


La Ley no define que es el certificado de proponente, por ende toca establecer sus límites definitorios. Para ello recurrimos al numeral 45 del artículo 2 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020. A la letra define al Registro de Proponentes como la “base de datos administrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas, en la cual se registran las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, los consorcios o asociaciones accidentales que aspiren a celebrar un contrato con el Estado, los subcontratistas y las personas con quienes se firme un contrato”.


Por lo que al consolidar términos por razonamiento inductivo, el certificado de proponente, se constituiría en el documento mediante el cual se acredita el registro

correspondiente de una persona, natural o jurídica, en la base de datos de la

Dirección General de Contrataciones Públicas.


La importancia primordial de este registro radica en que es un requisito indispensable para que un proponente pueda presentar una propuesta o firmar un contrato, tal como lo estipula el artículo 272 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020, “La inscripción en el Registro de Proponentes será verificada, por las entidades contratantes en el acto público, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”. Otro aspecto de trascendencia en relación al registro de proponentes, guarda relación a lo regulado en el artículo 174 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020, señalando que:


Las entidades públicas no podrán requerir a los proponentes la documentación que estos hubieran tenido que presentar para su inscripción en el Registro de Proponentes, para lo cual la Dirección General de Contrataciones Públicas realizará las adecuaciones a fin de que las entidades tengan acceso a dicho registro y puedan verificar la información de los proponentes.

Lo que significaría la optimización de tiempo y recursos, una vez se implemente

íntegramente la simplificación de los trámites para los proponentes y proveedores. Ya que no tendrían que estar concurriendo de una entidad a otra, en la búsqueda de requisitos y documentos que consten en bases de datos del Estado como paz y salvos, certificación del Registro Público, Aviso de Operaciones, documentos de identidad personal, por mencionar algunos.


Igualmente, esto conllevaría a que las entidades se abstendrían de exigir dichos documentos, por el contrario, bastaría con que el proponente esté inscrito en el Registro de Proponentes, para que se pueda validar cualquiera de los documentos presentados para la inscripción.


El artículo 12 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020, es claro al establecer que:


Las entidades licitantes no podrán exigir en los pliegos de cargos, documentos de carácter general emitidos por ellas mismas o por las diferentes autoridades nacionales, por lo cual estarán obligadas a verificar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra” la información de los proponentes.

Luego de la exposición presentada, cabe preguntar, ¿realmente es indispensable la

presentación del certificado de proponente en un acto público?


El artículo 174 del Texto Único de la Ley 22 de 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020, en

su último párrafo dispone que, “La inscripción en el Registro de Proponentes se acreditará en el acto público con la aportación del certificado de proponentes que expida la Dirección General de Contrataciones Públicas”.


Por ende, la Ley mandata que un proponente o posible contratista, para acreditar que está inscrito debe aportar el citado certificado.


No obstante, es esencial resaltar el último párrafo del artículo 272 del Decreto Ejecutivo

439 de 2020 que reglamenta al Texto Único, al aludir que, “La inscripción en el Registro de Proponentes será verificada, por las entidades contratantes en el acto público, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”. Con ello resulta que una norma de rango inferior establece una condición diferente a lo que dispone la Ley.


En este caso, se deberá acudir al principio de la jerarquía de las normas, que determina la superioridad de rango entre normas y la consiguiente aplicación necesaria de la norma superior, determinando así su aplicabilidad, en caso de conflicto de esa norma superior sobre la inferior. Disponiendo que una norma de rango inferior no pueda contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior. Enfatizando el beneficio del principio de seguridad jurídica.


Por lo cual, al contestar la incógnita formulada, cabe afirmar que, en efecto, es indispensable la presentación del certificado del proponente en un acto público.

Entonces, si el requisito en mención no fuera solicitado de forma expresa por la entidad,

¿cuál sería la alternativa?, lo más recomendable, como proponente(s), es presentarlo junto con todos los otros documentos que acompañen la propuesta, dicha iniciativa puede ser la diferencia entre ganar o perder una adjudicación.


(*) Doctora en Derecho, UNIVERSIDAD SANTA MARÍA LA ANTIGUA, especialista en Derecho Público con amplia trayectoria en contrataciones públicas en Panamá. Es autora de numerosas publicaciones entre las que destaca su reciente libro: TEXTO ÚNICO DE LA LEY 22 DE 27 DE JUNIO DE 2006, QUE REGULA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, ORDENADO POR LA LEY 153 DE 8 DE MAYO DE 2020 REGLAMENTADO POR EL DECRETO EJECUTIVO NO. 439 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COMENTARIOS Y CONCORDANCIAS, Primera Edición octubre 2020





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